Corinthian Colleges, Inc. empleó algoritmos para dirigirse a las personas vulnerables con el fin de venderles títulos universitarios sobrevalorados

Corinthian Colleges, Inc. (CCI) era un gigante de la industria universitaria con fines de lucro, que tenía colegios en todos los Estados Unidos y Canadá. En 2013, la entonces Fiscal General de California (Kamala Harris) presentó una demanda contra la empresa por publicidad falsa y depredadora, tergiversación intencional a estudiantes, fraude de valores y uso ilegal de sellos militares en anuncios. No sólo los títulos que ofrecían estaban sobrevalorados, sino que, según la denuncia de Harris, la empresa se dirigía a grupos vulnerables como padres solteros, veteranos que regresaban de la guerra y personas con ingresos anuales cercanos al límite federal de la pobreza. El Departamento de Justicia obtuvo documentos internos de la empresa en los que se describía al grupo demográfico ideal de la empresa como personas “aisladas”, “impacientes” con “baja autoestima” que tienen “pocas personas en su vida que se preocupan por ellos” y que están “atascadas” e “incapaces de ver y planificar bien el futuro” (O’Neil, 2018). Corinthian Colleges, Inc. utilizó algoritmos para encontrar grupos de personas vulnerables y venderles agresivamente información falsa sobre la calidad de sus universidades. Este caso pone de relieve la forma en que los algoritmos pueden utilizarse para la publicidad depredadora mediante la identificación de los grupos de riesgo, la evaluación de su susceptibilidad a la información falsa y la determinación de la forma más eficiente de explotarlos. A menudo, esto da lugar a la reproducción de la desigualdad y la discriminación en todos los ámbitos socioeconómicas.

Afortunadamente, en 2015, un año después de que la Administración Obama restringiera el acceso de la universidad a la financiación federal de préstamos estudiantiles, la empresa se declaró en bancarrota. El gobierno de Ontario también suspendió su licencia de operación ese mismo año (En.wikipedia.org, s.d.). Más de 16.000 estudiantes y empleados quedaron afectados por su cierre (Idem).

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