En un estudio realizado en 2018 por el Center for Investigative Reporting se afirmaba que era mucho más probable que a los afroamericanos y los latinos se les negaran hipotecas convencionales que a los blancos, incluso si se tenían en cuenta los ingresos, la cuantía de los préstamos y otros factores.
El Estudio Reveal descubrió que las hipotecas asequibles emitidas en vecindarios históricamente negros para cumplir con la ley de reinversión iban a los recién llegados blancos en lugar de a los residentes negros de toda la vida. Esto aceleró un patrón de gentrificación que expulsa a los residentes negros (Glantz y Martínez, 2018).
Se descubrió que las personas negras de altos ingresos tenían aún más probabilidades de que se les negaran los préstamos, en comparación con los blancos en situación similar, que las personas negras de bajos ingresos hacia sus homólogos blancos. Esto subrayó una vez más que los afroamericanos no pueden escapar a la discriminación económica simplemente haciéndose más ricos, especialmente cuando las instituciones financieras persisten en castigarlos por vivir en barrios mayoritariamente de minorías (The New York Times Editorial Board, 2018).
Al negar a las familias afroamericanas el crédito hipotecario, la industria financiera también les niega la oportunidad de acumular riqueza familiar, parte de la razón por la que el patrimonio neto de la familia blanca media es casi 10 veces mayor que el de las familias negras. Más allá de eso, la decisión de retener el crédito de los vecindarios minoritarios ha convertido a muchos de ellos en territorios vacíos con alta pobreza, escuelas que fallan, valores de propiedad más bajos y una calidad de vida marcadamente peor.
Los bancos a menudo afirman que niegan las hipotecas en las comunidades minoritarias basándose en las puntuaciones creditícias, pero esa afirmación es casi imposible de comprobar, dado que los puntajes crediticios no están disponibles públicamente. Además, las calificaciones crediticias utilizadas en el proceso hipotecario perjudican a los solicitantes pertenecientes a minorías al no tener en cuenta los datos sobre la fiabilidad con que pagan el alquiler, los servicios públicos y las facturas de los teléfonos móviles (ibíd.).
