El experimento de modernización de los requisitos para acceder a la asistencia social en Indiana en 2006 se basó en que el sistema de prestaciones sociales pasaría a atender a los solicitantes a través de una plataforma online. Las solicitudes, los niveles de ingresos y la información personal se procesarían a distancia (Eubanks, 2018). Si bien el experimento parecía ser un esfuerzo audaz para rehacer los servicios sociales, en realidad era una excusa para desmantelar el sistema de Medicaid en Indiana, un esfuerzo dirigido por Mitch Daniels (el gobernador republicano de la época). Como resultado de este cambio, el estado de Indiana negó más de un millón de solicitudes de cupones de alimentos, Medicaid y beneficios en efectivo, lo que constituye un aumento del 54% en las solicitudes denegadas en comparación con los tres años anteriores (Eubanks, 2018). La automatización creó un impacto devastador en los pobres y la clase trabajadora de Indiana.
La automatización se justificaba por razones de eficiencia. El papeleo y las interacciones cara a cara entre los beneficiarios de las prestaciones y los trabajadores sociales habían sido consideradas como fuentes de posible fraude y como un despilfarro de recursos y de dólares de los impuestos públicos. Para arreglar esto, Mitch Daniels ofreció una oferta pública a cualquier empresa que pudiera externalizar la inscripción de programas públicos, la cual fue ganada por IBM (Douthat, 2010). A pesar de las promesas de conocimientos tecnológicos, el sistema no cumplió. El teléfono y el sistema online resultaron demasiado confusos para muchos destinatarios que no sabían leer ni escribir ni tenían conocimientos de informática. También se han formulado acusaciones de corrupción contra Daniels y su administración, alegando que nombró para trabajar a una empresa (Affiliated Computer Services) que también había donado recursos financieros para su campaña. Además, un auténtico plan de políticas perversas destinadas a privar a las personas de los beneficios que les correspondían causó la ruina de muchos beneficiarios merecedores. Por ejemplo, según Eubanks (2018), el sistema había diseñado incentivos para los trabajadores sociales con el fin de aumentar la probabilidad de que se les negaran las prestaciones o se cerraran los casos prematuramente.
Al final, el contrato fue cancelado por Mitch Daniels, que admitió el fracaso del sistema (Towns, 2009). IBM fue demandada por el gobierno del estado y se le ordenó pagar una cuantiosa restitución debido a las repercusiones del proyecto que impuso largos tiempos de espera, pérdida de documentos y rechazos improcedentes a millones de ciudadanos (Indianapolis Business Journal, 2018). Desde entonces, IBM ha apelado esta decisión, por lo que el caso sigue sin resolverse (Covington, 2019).
