Carta abierta para pedir al Parlamento Europeo que defienda los derechos fundamentales en la Ley de servicios digitales

Firmamos una carta abierta instando a los miembros de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (Internal Market and Consumer Protection Committee, IMCO, por sus siglas en inglés) del Parlamento Europeo a defender los derechos fundamentales y los principios democráticos en el reglamento final de la Ley de Servicios Digitales (Digital Services Act, DSA). Traducimos su contenido, que puedes leer aquí en inglés.

 

La Propuesta de la Comisión Europea

Estamos contentos con muchas disposiciones de la propuesta de DSA de la Comisión Europea que pueden mejorar significativamente la transparencia y la responsabilidad de los intermediarios en Internet, y garantizar un espacio cívico digital más seguro y vivo. Por ejemplo, el mayor énfasis en los derechos fundamentales en toda la propuesta es un muy buen enfoque.

La propuesta de la Comisión también mantiene las piedras angulares de la protección de los derechos de la Directiva sobre comercio electrónico, como la inmunidad condicional de responsabilidad para los proveedores de hosting y la prohibición del seguimiento general. Además, nos alegramos de las obligaciones en términos de transparencia de amplio alcance que introduce la propuesta, incluida la presentación de informes de transparencia sobre cómo se manejan las quejas de los usuarios, una mayor transparencia sobre los sistemas y algoritmos de recomendación, y las obligaciones de los intermediarios en relación con sus términos de servicio y la exposición de motivos que les lleva a tomar sus decisiones.

Sin embargo, consideramos que hay una serie de mejoras importantes que deben incorporarse a la propuesta de la Comisión para garantizar que se respetan los derechos fundamentales y los principios democráticos.

 

Principales preocupaciones sobre el borrador del informe de la IMCO

Estamos satisfechos con que el proyecto del informe de la IMCO haya tenido en cuenta algunas de estas consideraciones; sin embargo, nos preocupa que, en general, el proyecto no haya incluido las salvaguardias adecuadas para los derechos fundamentales. 

A pesar de las buenas intenciones de la propuesta de la Comisión Europea, ya mencionadas, que prohíben el monitoreo general, el borrador corre el riesgo de socavar este principio de protección. Lo hace al incorporar la obligación de eliminar el presunto contenido ilegal para que no vuelva a aparecer, además de la introducción de disposiciones controvertidas de “aviso y suspensión”. Las preguntas sobre la legalidad del discurso son complejas y, a menudo, dependen del contexto, y los sistemas de filtrado dan como resultado altas tasas de error y censura de discursos legales. También sabemos que el filtrado automatizado tiene un impacto discriminatorio en las voces ya de por sí en riesgo o marginadas.

Un objetivo clave de la DSA en general es garantizar una mayor responsabilidad y transparencia sobre cómo las empresas privadas y las autoridades gubernamentales gestionan el contenido online. El borrador del informe de la IMCO corre el riesgo de reducir la responsabilidad y las garantías procesales al imponer funciones demasiado amplias a las empresas privadas para evaluar, eliminar y tomar decisiones finales sobre nuestro discurso digital. La idea introducida por la IMCO de que los políticos u otros personajes públicos, poderosos e influyentes deberían tener requiera examen judicial, mientras que los derechos fundamentales del usuario medio quedan en manos de empresas privadas, a menudo fuera de cualquier escrutinio público, socavaría los principios del estado de derecho. La revisión judicial debe estar siempre disponible para todos los usuarios por igual.

Es particularmente decepcionante que el borrador de la IMCO se haya inspirado en la Ley de Aplicación de la Red (NetzDG), de Alemania, dado que esta ley ha sido ampliamente criticada por organismos internacionales y regionales de derechos humanos, así como por una amplia coalición de actores de la sociedad civil. Obligar a los intermediarios a eliminar el discurso en plazos estrictos genera un alto e irresponsable riesgo de censura. La UE, como actor global de derechos humanos, también debería considerar el riesgo de sentar este peligroso precedente para otros gobiernos de todo el mundo que buscan tomar medidas enérgicas contra las voces disidentes, los periodistas y los defensores de los derechos humanos. El borrador de la IMCO también incluye lenguaje sobre la obligación de los intermediarios a través de sus sistemas de recomendación para priorizar la información del gobierno u otras “fuentes fiables” en la parte superior de sus búsquedas. Esto crea un espacio para el potencial abuso de poder del gobierno en nuestro ecosistema de información digital, como la eliminación forzada de prioridades del contenido compartido por activistas de derechos humanos o por grupos históricamente marginados.

Las disposiciones del borrador para dar más poder a los usuarios para que puedan elegir cómo se usan sus datos son bienvenidas, pero sugerimos además que se incorpore el criterio del Supervisor Europeo de Protección de Datos de que los sistemas de recomendación no deberían basarse en elaboración de perfiles en el sentido del art. 4 (4) del RGPD, y que la publicidad basada en un seguimiento generalizado debe eliminarse gradualmente.

La obligatoriedad de una ‘Due diligence’ promete que las grandes plataformas online se comporten de manera más responsable. Sin embargo, las propuestas actuales son vagas y carecen de la protección adecuada de los derechos humanos. Esta obligación debería centrarse y limitarse a las violaciones de derechos humanos vinculadas a los productos y servicios de las empresas. En ningún caso deben utilizarse para vigilar a los usuarios o socavar el cifrado de extremo a extremo.

La extensión de la responsabilidad personal a los “representantes legales” en la propuesta de la Comisión es innecesaria e incentivará aún más la vigilancia masiva y la vigilancia policial sobre los usuarios. Además, la idea de personas de confianza seleccionadas por el estado, incluidas las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, que puedan eludir las salvaguardias para eliminar el discurso, podría tener un impacto devastador en las voces disidentes, como los defensores de los derechos humanos, la oposición política y los periodistas. Replicar este enfoque podría tener graves consecuencias, especialmente en países, tanto dentro como fuera de la UE, donde los derechos humanos están en peligro. La UE debe considerar su liderazgo mundial en la protección de aquellos que defienden los derechos humanos, los periodistas y el espacio cívico a medida que redacta esta nueva ley.

Para poner un mayor énfasis en la protección de los derechos fundamentales de los consumidores y todos los usuarios en la DSA, asegurando que se respeten los siguientes principios, hacemos un llamamiento a los miembros de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) para:

  1. Mantener la prohibición del seguimiento general en la práctica
  2. Proteger la libertad de expresión online de los usuarios
  3. Combatir la discriminación digital contra las comunidades marginadas y en riesgo
  4. Eliminar gradualmente la publicidad basada en un seguimiento generalizado
  5. Centrarse en la obligación de respetar los derecho humanos con la diligencia debida para los productos y servicios de las empresas
  6. Considerar el impacto global en el espacio cívico

 

Firman, a 8 de julio de 2021, Access Now, ARTICLE 19, Centre for Democracy & Technology, Europe (CDT), Državljan D, EDRi, Electronic Frontier Foundation (EFF), Panoptykon Foundation, Wikimedia France y Xnet.